Víctor Fuentes
Agencia Reforma
Ciudad de México
El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) destituyó e inhabilitó por un año a Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, Juez de Distrito Especializado del Centro de Justicia Penal Federal en Colima, cuyo caso ha provocado polémica luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum mencionó en noviembre de 2025 que se le había denunciado por liberar a delincuentes.
La sanción fue impuesta por reducir las penas negociadas entre la Fiscalía General de la República (FGR) y los imputados en cuatro procedimientos abreviados, por delitos contra la salud, portación y posesión de armas de fuego.
Según el TDJ, el juez no podía cambiar lo acordado entre las partes, por lo que incurrió en notorio descuido al cometer un “error inexcusable”.
Sigales, veterano de 25 años en el Poder Judicial, ha estado suspendido de su cargo desde el 30 octubre de 2025, percibiendo sólo la tercera parte de su salario.
Además, desde hace un año el Tribunal de Disciplina Judicial denunció penalmente a Sigales, y la FGR ya obtuvo un citatorio para que comparezca ante una jueza de Control de Nayarit el próximo 10 de diciembre, cuando será imputado por delitos contra la administración de justicia.
DELITOS DE ALTO IMPACTO
Sigales arrastraba desde 2023 quejas de la propia FGR y de la Secretaría de Marina ante el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), por sus criterios en delitos que el gobierno considera de alto impacto.
La sanción fue resuelta por la Comisión de Disciplina del TDJ, integrada por los Magistrados Rufino León Tovar, Bernardo Bátiz (ponente) y Celia Maya (votó en contra), por lo que no es definitiva, ya que puede ser revisada por el Pleno del propio TDJ, integrado por dichos magistrados y otras dos magistradas.
El actual régimen disciplinario ya no permite a jueces y magistrados impugnar sanciones ante la Suprema Corte de Justicia.
CON UN EFECTO CORRUPTOR
En respuesta, el juzgador suspendido consideró que con la resolución en su contra, el TDJ le dio una estocada a la Reforma Judicial de su propio gobierno.
Las violaciones a la ley, dijo, se dieron desde la suspensión por una comisión sin competencia, que configura el delito contra la administración de justicia al dictar una resolución en la que carecía de competencia.
“Con un efecto corruptor por la orden dada desde el más alto cargo del Ejecutivo Federal para sancionarme”, agregó.
Y viola el principio de imparcialidad, porque a la par que me sigue procedimiento disciplinario, me denuncia penalmente, planteó Sigales.
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