Érika Hernández
Agencia Reforma
Ciudad de México
El Consejo General del INE prevé aprobar un plan de acción que contempla auditorías externas para detectar irregularidades y, de ser necesario, rescindir contratos.
El paquete de medidas incluye la creación de un sistema de denuncia anónima, abierto tanto a personal del Instituto como a personas externas, para reportar anomalías o aportar documentos sobre actos indebidos.
Este jueves, 5 de noviembre los 10 consejeros avalarán las acciones dirigidas a “restaurar la integridad y fortalecer los controles de gestión administrativa” ante la presunta red de corrupción atribuida a la gestión de la ex presidenta Guadalupe Taddei.
“La relevancia de estos acontecimientos ha generado un contexto institucional que, por su trascendencia e impacto en la confianza pública, exige una respuesta oportuna y responsable de los órganos de dirección del Instituto”, señala el proyecto de acuerdo.
La consejera Carla Humphrey explicó que se solicitarán auditorías externas, a cargo de firmas privadas o entes públicos, para revisar la totalidad de los contratos vigentes.
“De identificarse irregularidades, (se podrá) rescindir estos instrumentos contractuales, previa acreditación de los supuestos legales y contractuales aplicables”, precisa el documento.
ACCESO A LOS EXPEDIENTES
Con el fin de asegurar el acceso a los expedientes, la Secretaría Ejecutiva notificará a partir del lunes a las oficinas centrales, juntas locales y distritales los lineamientos para resguardar la documentación física y electrónica. Asimismo, se designará a responsables para evitar la alteración o eliminación de archivos.
Tras el anuncio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre una indagatoria en adquisiciones, el Consejo General demandará que dicha revisión tenga carácter “urgente y prioritario”, abarque a las empresas proveedoras e incorpore medidas cautelares inmediatas.
El plan de acción también instruye solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) una revisión del padrón de proveedores para identificar si existen empresas catalogadas como factureras o con incumplimientos fiscales.
La próxima semana, la Secretaría Ejecutiva deberá entregar a los consejeros, a la ASF y al Órgano Interno de Control (OIC) un inventario pormenorizado de las contrataciones del periodo, detallado por ejercicio fiscal, unidad responsable, procedimiento de compra, proveedor, objeto, montos, modificaciones y penalizaciones aplicadas.
BLINDAJE
Frente al freno que sufrieron diversas adquisiciones por las indagatorias en curso, y con el proceso electoral de 2027 en marcha, la Secretaría Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de Administración deberán definir medidas operativas y jurídicas para reactivar licitaciones indispensables, de acuerdo con el documento.
Diversas áreas técnicas advirtieron de urgencias logísticas que no admiten dilación, como la compra de prendas e indumentaria para los capacitadores electorales que saldrán a campo en febrero.
Para solventarlo, se integrará un “Plan de Acción Crítico” que explorará proveeduría internacional y el uso del Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía.
Las direcciones estarán obligadas a someter a escrutinio el perfil de cada proveedor, su estructura corporativa, socios y accionistas, criterio que también aplicará en los convenios que el INE formaliza con los Organismos Públicos Locales (OPLES).
La medida, no obstante, ordena priorizar la licitación pública sobre la adjudicación directa.
Respecto al canal de denuncias propuesto en el plan, Humphrey detalló que su desarrollo estará a cargo de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y servirá para fortalecer las carpetas de investigación y proceder penal o administrativamente.
“(De esos testimonios) se podría conocer quiénes son las personas con las que operaba, cómo operaba esta trama de corrupción, dónde se reunían, y se pueden generar muchos elementos que puedan abonar a las investigaciones”, apuntó la consejera.
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