Agencia Reforma
Almoloya de Juárez, Estado de México
El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fue trasladado este lunes 19 de octubre al penal federal del Altiplano, en el Estado de México, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutara una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de traición a la patria, relacionado con la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas realizado en abril.
El traslado ocurrió después de que un juez de control estatal determinara que el exfuncionario podía enfrentar en libertad el proceso local por ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Sin embargo, la orden federal permitió que permaneciera bajo custodia para comparecer ante la autoridad judicial correspondiente.
La acusación federal fue anunciada por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, quien señaló que Jáuregui presuntamente permitió la intervención de personas extranjeras en territorio nacional sin autorización y en actividades que, de acuerdo con la Fiscalía, correspondían exclusivamente a las autoridades federales.
La investigación se relaciona con el operativo efectuado del 17 al 19 de abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara, donde autoridades participaron en el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.
Durante esas acciones, un vehículo cayó a un barranco y murieron cuatro personas: dos funcionarios mexicanos y dos ciudadanos estadounidenses identificados en los reportes como agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
DOS PROCESOS JUDICIALES
En el ámbito estatal, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua acusa a Jáuregui de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, por presuntamente permitir y coordinar la participación de agentes estadounidenses en actividades de investigación sin cumplir los protocolos y autorizaciones correspondientes.
Durante la audiencia inicial, que se prolongó por más de 10 horas, el juez rechazó imponer prisión preventiva justificada y estableció medidas cautelares para que el exfiscal permaneciera sujeto al procedimiento.
Entre las condiciones se encuentran presentarse periódicamente ante la autoridad judicial, entregar sus documentos migratorios y evitar acercarse a los testigos del caso.
No obstante, la situación cambió cuando agentes de la Policía Federal Ministerial ejecutaron la orden federal por traición a la patria. De esta manera, el proceso estatal continúa por separado, mientras Jáuregui queda bajo custodia federal.
La defensa ha cuestionado los elementos presentados por el Ministerio Público y sostiene que no existen pruebas que vinculen directamente a su representado con los delitos imputados. También ha señalado presuntas irregularidades en el acceso a la carpeta de investigación y en la admisión de algunos testimonios.
La situación jurídica del exfuncionario aún debe definirse en las siguientes etapas de ambos procedimientos.
SHEINBAUM CUESTIONA EL OPERATIVO
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de irresponsable el despliegue realizado en la Sierra Tarahumara y sostuvo que las autoridades estatales no tenían atribuciones para organizar una operación de esa naturaleza con participación de agentes extranjeros sin autorización federal.
Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria indicó que la FGR mantiene abiertas otras investigaciones relacionadas con Jáuregui, además de la correspondiente al operativo de abril.
Sheinbaum también cuestionó las condiciones en las que se efectuó el desplazamiento por caminos de la sierra y señaló que las autoridades deben esclarecer por qué se organizó de esa manera una acción que terminó con cuatro personas fallecidas.
La controversia se centra en la participación de personal extranjero en tareas de seguridad dentro de México, así como en los mecanismos de coordinación y autorización que deben regir la cooperación con agencias de Estados Unidos.
CASO DIVIDE AL PAN DE CHIHUAHUA
La detención también provocó reacciones dentro del Partido Acción Nacional (PAN), al que pertenecen Jáuregui y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos.
El exfiscal había manifestado su interés en competir por la candidatura panista a la Presidencia Municipal de Chihuahua. Tras su captura, familiares, abogados y simpatizantes cuestionaron la actuación de la gobernadora y calificaron el procedimiento como una persecución política.
El abogado Luis Villegas Montes acusó a Campos de traicionar a quien, afirmó, había sido uno de sus colaboradores más leales. También hubo manifestaciones frente al Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua para protestar por la detención.
Hasta el momento, esas expresiones corresponden a señalamientos de allegados y simpatizantes del exfuncionario; no constituyen por sí mismas pruebas de que la detención obedezca a una represalia política.
El caso mantiene abiertas interrogantes sobre las responsabilidades de los mandos estatales, la legalidad de la participación de agentes extranjeros y la relación entre las autoridades locales y federales en operaciones contra el crimen organizado.
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