Héctor González
Guadalajara, Jalisco
El gobernador Pablo Lemus Navarro rechazó que su administración pretenda privatizar el agua en Jalisco o entregar su manejo a una empresa israelí, en medio de la controversia por los proyectos de infraestructura hídrica y las manifestaciones ciudadanas para exigir agua de mejor calidad.
“Eso es absolutamente falso. El agua de Jalisco no se va a privatizar”, sostuvo el mandatario al desmentir las versiones sobre una supuesta entrega del recurso a intereses privados extranjeros.
Lemus afirmó que su gobierno no ha planteado privatizar el agua y que busca distintas alternativas para garantizar el suministro de agua limpia a la población. También señaló que se han invertido alrededor de 8 mil millones de pesos para evitar que llegue a los hogares el agua de los segmentos más contaminados del lago de Chapala.
El gobernador informó que su administración está cerca de alcanzar un acuerdo con el Gobierno federal para impulsar obras hidráulicas, entre ellas un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara que sustituya al actual, además de trabajos complementarios para aprovechar plenamente el agua de la presa El Zapotillo.
CUESTIONAN ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO
La controversia se relaciona con la propuesta de construir un nuevo acueducto entre Chapala y Guadalajara, cuyo costo se ha estimado en cerca de 12 mil millones de pesos. El proyecto contempla un esquema de participación privada para la construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación de la infraestructura, modalidad que ha generado cuestionamientos sobre sus costos, transparencia y posibles implicaciones para el control del servicio.
Legisladores y organizaciones civiles han solicitado conocer las condiciones de financiamiento y operación, así como las garantías para que el suministro permanezca bajo control público y no se traduzca en mayores costos para los usuarios.
Aunque existen antecedentes de cooperación entre instituciones mexicanas e israelíes en materia hídrica y académica, estos no acreditan por sí mismos que una empresa israelí tenga actualmente un contrato para administrar el agua de Jalisco.
Por ello, la posible participación de compañías extranjeras debe distinguirse de los acuerdos de cooperación previos y de la propuesta de infraestructura que se encuentra en discusión.
PROTESTAS POR LA CALIDAD DEL AGUA
La discusión ocurre en medio del descontento de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara por la calidad del agua que llega a sus hogares. Ciudadanos han reportado malos olores, sedimentos y otras irregularidades, mientras organizaciones han exigido explicaciones y medidas para garantizar que el suministro sea seguro.
El 11 de octubre, una manifestación para exigir agua limpia terminó en un enfrentamiento con elementos de la Policía estatal frente a Casa Jalisco. De acuerdo con cifras oficiales difundidas tras los hechos, 39 personas fueron detenidas y 28 policías resultaron lesionados.
La actuación de los agentes provocó nuevos cuestionamientos. Lemus ordenó revisar los videos del operativo e investigar posibles excesos policiales. El 13 de octubre, el gobernador informó que las 39 personas detenidas habían sido liberadas y reconoció que se cometieron errores durante la intervención.
El mandatario también señaló que no debieron utilizarse agua a presión ni gases lacrimógenos contra los manifestantes, y anunció una investigación para deslindar responsabilidades.
La controversia mantiene bajo escrutinio tanto las decisiones sobre la infraestructura y el financiamiento del agua como la respuesta de las autoridades ante las exigencias ciudadanas. Hasta ahora, los señalamientos sobre una supuesta entrega del recurso a una empresa israelí no deben presentarse como un hecho confirmado.
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