Jesús Abraham Acosta González
Agencia Reforma
Guadalajara, Jalisco
Familiares de personas detenidas durante la protesta contra la crisis del agua en Guadalajara pasaron la noche afuera de la Fiscalía del Estado para exigir información sobre sus hijos, denunciar presuntas agresiones policiales y conocer su situación jurídica.
La codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), Denisse Montiel Flores, denunció que la Fiscalía cerró la calle con elementos y patrullas, lo que calificó como una medida intimidatoria contra quienes permanecían en el lugar para exigir justicia.
La activista señaló que existe una discrepancia entre los registros oficiales y los datos recabados por las familias y organizaciones civiles. Mientras la Fiscalía reportaba 31 personas detenidas, la lista documentada por los colectivos incluía 37.
Montiel Flores informó que el día anterior fueron liberadas 12 personas, 10 mujeres y dos hombres, la mayoría con lesiones físicas; sin embargo, explicó que las liberaciones se realizaron bajo reserva del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que la Fiscalía todavía podría continuar los procesos en su contra.
ABUSO DE AUTORIDAD
Además, denunció que al menos dos personas liberadas dijeron haber sido presionadas para desistir de presentar cargos contra elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado. También reclamó la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco para atender las quejas de los familiares.
“Vamos a retirarnos solamente cuando todas y todos estén de nueva cuenta con nosotros, siguiendo empujando, porque el tema que sí quieren ahora promover es que hay un grupo de choque. Cuando el tema real es la sociedad unida para empujar algo que es vital para la salud y vida de todas y todos los tapatíos, que es el agua”, afirmó.
Entre los familiares que buscaban información estaba Claudia Morales, madre de Samuel Morales, un repartidor de plataforma que, aseguró, fue detenido cuando circulaba en motocicleta por Manuel Acuña y Rubén Darío.
La mujer relató que policías lo derribaron de la moto, lo arrastraron y se lo llevaron; señaló que existen siete videos difundidos en redes sociales que muestran la detención y a un agente conduciendo la motocicleta. También denunció que las autoridades no tenían registro de la moto, el casco ni la mochila de reparto, y que únicamente le habían devuelto una cadena.
“Él todo el tiempo les está diciendo que va a proceder en contra de la Fiscalía. Él todo el tiempo les está diciendo, “No, yo quiero mis pertenencias, yo quiero mi moto y yo voy a proceder en contra de la Fiscalía.” Y por eso no lo han soltado, no lo han liberado, porque ya han liberado a muchos muchachos. Ahorita liberaron a mujeres, pero a él no, porque él todo el tiempo les está diciendo que va a proceder en contra de la Fiscalía”, sostuvo.
INDIFERENCIA ANTE EL DOLOR
Morales enfrenta un tratamiento contra el cáncer, a pesar de eso, se vio obligada a pasar la noche a las afueras de la Fiscalía sin recibir información sobre su hijo; apenas este día pudo verlo durante cinco minutos, donde constató que estaba herido en varias partes del rostro. Hasta el momento sólo le entregaron un collar que su hijo portaba.
En una situación similar estaba José Jiménez, quien buscaba conocer el estado de salud de su hijo, Alejandro Daniel Jiménez Alcalá, de 30 años, detenido durante la protesta frente a Casa Jalisco. La familia recibió información de que las autoridades evaluaban si sería liberado o trasladado a un hospital.
Su padre dijo que lo vio con la cabeza vendada y que recibió versiones de posibles fracturas en las costillas, aunque aclaró que no podía confirmar el alcance de las lesiones.
“Esas no son las formas ni los modos para detener una manifestación; tenemos derecho constitucional a manifestarnos, libertad de tránsito, libertad de expresión, libertad de asociación, pues hay otras vías, otras alternativas para poder llegar a un acuerdo”, señaló.
VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS
Ante las detenciones, el CEPAD exigió investigaciones y sanciones por posibles violaciones a derechos humanos, la aplicación de los protocolos de atención a la protesta social y que se garantice información pública, completa y verificable sobre todas las personas detenidas, para descartar que alguna permanezca sin ser localizada.
Las familias insistieron en que su exigencia de justicia está vinculada con la protesta por el acceso al agua limpia, un problema que, señalaron, continúa afectando la salud y la economía de los habitantes de la zona metropolitana.
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