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Reprueba Congreso cuentas públicas de INDIVI y DIF Rosarito

Las auditorías al ejercicio fiscal 2024 señalaron deficiencias en la comprobación de recursos públicos – Crédito: Congreso de Baja California.

Redacción / Lánzate Noticias
Mexicali, Baja California

El Congreso de Baja California reprobó las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2024 del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda del Estado (INDIVI) y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Playas de Rosarito, luego de analizar los dictámenes presentados por la Comisión de Fiscalización del Gasto Público.
Durante la revisión, los legisladores también aprobaron las cuentas públicas de otros ocho organismos estatales y municipales, entre ellos el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California (DIF estatal) y el DIF de Mexicali. Asimismo, recibieron aprobación las cuentas de entidades relacionadas con el transporte público de Tijuana, turismo, desarrollo urbano y administración de parques temáticos.
Entre las observaciones detectadas en las auditorías se encuentran adeudos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), diferencias entre los registros contables y la información publicada en portales de transparencia, así como inconsistencias en el registro de bienes inmuebles y documentación insuficiente para comprobar la entrega de apoyos a beneficiarios.
También se reportaron casos relacionados con la falta de emisión de comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) y otras inconsistencias administrativas, de acuerdo con la información difundida sobre los resultados de la fiscalización.

REPORTAN ANOMALÍAS
En el caso del DIF de Playas de Rosarito, una publicación de Punto Norte reportó anomalías por más de 4.7 millones de pesos, relacionadas con distintos conceptos, entre ellos contratos, equipo y adeudos a proveedores. Para precisar el alcance de estos señalamientos, es necesario revisar el informe individual de auditoría y distinguir entre las observaciones formuladas y las responsabilidades que, en su caso, se determinen.
La no aprobación de una cuenta pública constituye un resultado del proceso de fiscalización y no implica, por sí misma, que se haya acreditado la comisión de un delito. Las observaciones deben analizarse conforme a los procedimientos correspondientes para determinar si requieren aclaraciones o acciones posteriores.

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